Masacres a la población civil en Colombia mientras Santos ataca a Venezuela

Masacres a la población civil en Colombia mientras Santos ataca a Venezuela
MisionVerdad.com

¿Qué hay detrás de los asesinatos selectivos de líderes sociales y los bombardeos sobre poblados enteros? 

En el país de Juan Manuel Santos los días se cuentan con personas muertas y heridas. El triste récord del año pasado de un líder o lideresa popular asesinado cada tres días ha ido en aumento, y en enero de 2018 la cifra se ha duplicado a un asesinato político cada día y medio. Todos a manos de los organismos de seguridad del Estado y de sus cuerpos paramilitares.

No contento con "permitir" el asesinato selectivo de 23 líderes y lideresas sociales sólo en el mes de enero de 2018 en Colombia (cinco a manos del propio Ejército colombiano), cierra el mes el pasado 29 de enero la Fuerza Aérea de Colombia con el bombardeo al resguardo indígena Chagpien Tordó en el litoral de San Juan, departamento del Chocó según denunció la Defensoría del Pueblo.

Hasta el momento se habla de seis muertes, varias personas heridas, entre ellas una niña indígena que habría perdido sus piernas y cientos de pobladores de la zona que han iniciado un desplazamiento forzado. Mientras tanto el General Alberto José Mejía, continuando con la larga tradición de falsos positivos negó el bombardeo y dijo que la niña indígena mutilada era una guerrillera, lo cual fue rotundamente negado por Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), quien aseguró a la emisora local W Radio que la joven indígena no hacía parte de ningún grupo armado.

El citado alto mando militar colombiano señaló que la operación se desarrolló conforme a las normas internacionales. Más allá del silencio de Juan Manuel Santos, las evidencias de esta nueva agresión contra las comunidades rurales y específicamente contra las comunidades indígenas, que engrosa el historial de bombardeos aéreos de las Fuerzas Armadas Colombianas contra la población civil, motivó una declaración de Amnistía Internacional, extraña por demás, el pasado 31 de enero en la que acusa al Estado colombiano de violar el Derecho Internacional Humanitario y de mantener vínculos con grupos paramilitares que violan los DDHH de las comunidades: "Amnistía Internacional ha venido llamando la atención hacia la grave situación relativa a la seguridad y los derechos humanos en el departamento del Chocó, y ha pedido a Colombia que actúe y garantice la implementación efectiva del Acuerdo de Paz sobre el terreno y que cumpla sus obligaciones internacionales de derechos humanos".

El comunicado de la ONG también dice: "Resulta lamentable que, en esta etapa del proceso, las comunidades estén denunciando violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad y vínculos entre estas fuerzas y los paramilitares".uela

¿Qué hay detrás de los asesinatos selectivos de líderes sociales y los bombardeos sobre poblados enteros? 

En el país de Juan Manuel Santos los días se cuentan con personas muertas y heridas. El triste récord del año pasado de un líder o lideresa popular asesinado cada tres días ha ido en aumento, y en enero de 2018 la cifra se ha duplicado a un asesinato político cada día y medio. Todos a manos de los organismos de seguridad del Estado y de sus cuerpos paramilitares.

No contento con "permitir" el asesinato selectivo de 23 líderes y lideresas sociales sólo en el mes de enero de 2018 en Colombia (cinco a manos del propio Ejército colombiano), cierra el mes el pasado 29 de enero la Fuerza Aérea de Colombia con el bombardeo al resguardo indígena Chagpien Tordó en el litoral de San Juan, departamento del Chocó según denunció la Defensoría del Pueblo.

Hasta el momento se habla de seis muertes, varias personas heridas, entre ellas una niña indígena que habría perdido sus piernas y cientos de pobladores de la zona que han iniciado un desplazamiento forzado. Mientras tanto el General Alberto José Mejía, continuando con la larga tradición de falsos positivos negó el bombardeo y dijo que la niña indígena mutilada era una guerrillera, lo cual fue rotundamente negado por Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), quien aseguró a la emisora local W Radio que la joven indígena no hacía parte de ningún grupo armado.

El citado alto mando militar colombiano señaló que la operación se desarrolló conforme a las normas internacionales. Más allá del silencio de Juan Manuel Santos, las evidencias de esta nueva agresión contra las comunidades rurales y específicamente contra las comunidades indígenas, que engrosa el historial de bombardeos aéreos de las Fuerzas Armadas Colombianas contra la población civil, motivó una declaración de Amnistía Internacional, extraña por demás, el pasado 31 de enero en la que acusa al Estado colombiano de violar el Derecho Internacional Humanitario y de mantener vínculos con grupos paramilitares que violan los DDHH de las comunidades: "Amnistía Internacional ha venido llamando la atención hacia la grave situación relativa a la seguridad y los derechos humanos en el departamento del Chocó, y ha pedido a Colombia que actúe y garantice la implementación efectiva del Acuerdo de Paz sobre el terreno y que cumpla sus obligaciones internacionales de derechos humanos".

El comunicado de la ONG también dice: "Resulta lamentable que, en esta etapa del proceso, las comunidades estén denunciando violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad y vínculos entre estas fuerzas y los paramilitares".