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La "violación generalizada" de DDHH durante las protestas en Venezuela o Crímenes de Lesa Humanidad en quienes la ejercen.



La "violación generalizada" de DDHH durante las protestas en Venezuela, preocupación de los relatores de la ONU


Varios relatores especiales de Naciones Unidas están especialmente preocupados por las denuncias acerca de la muerte de 26 personas "a manos de las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares pro-gubernamentales", por lo que piden una investigación "inmediata, imparcial y efectiva". También solicitan la puesta en libertad de los detenidos durante las manifestaciones por ejercer su derecho a la libertad de expresión.    En este marco, nueve expertos independientes han condenado "las ...




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Nota de El Rincón del Perro: 

Como ciudadanos universales estamos de acuerdo en que el derecho a la protesta es irrenunciable e inconfiscable por ninguna autoridad mundial. Este derecho está contemplado en la carta fundacional de las Naciones Unidas y la misma está firmada por todos sus estados miembros.

Sin embargo, este derecho no es una carta abierta o un cheque en blanco para quienes desean ejercer este derecho. Si el derecho a la protesta se ejerce en el marco de la paz, la tolerancia y el respeto a los demás ciudadanos, a los bienes de un país, que son de todos sus habitantes, por supuesto que este derecho no puede ser conculcado o criminalizado por ninguna fuerza gubernamental, pero si en el ejercicio de este derecho se ve violentado el derecho a la paz que tienen el resto de los ciudadanos, se realizan hechos violentos que atentan contra la seguridad de los bienes del estado o la seguridad de los habitantes de un país determinado, entonces la protesta viola la ley y debe ser contenida, sus actores deben ser controlados y detenidos para una posterior averiguación punitiva.

No puede ser que por ejercer el derecho a la protesta, se quemen edificios que cumplen funciones de estado que son para el bienestar de una población, como lo son hospitales, dispensarios de salud, escuelas, universidades, etc.

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No puede ser que para ejercer el derecho al disentimiento de opinión de asesinen ciudadanos, se quemen cruelmente a los mismos, por la simple razón de no estar de acuerdo con los protestantes.

 
Orlando Figuera (21 años) fue acuchillado y quemado vivo el 20 de mayo de 2017, en el barrio de Altamira, Distrito Capital. Foto: El Nacional

No puede ser que bajo la excusa del derecho a la protesta se planifiquen atentados contra los servicios públicos, que afectan los derechos humanos de una población, como lo son el agua, la luz, la alimentación, el combustible, e inclusive, la tecnología.

Porque el derecho de un individuo termina donde comienzan los derechos de los otros.

Esta forma de hacer protesta debe ser enfrentada y juzgada. Sus autores deben ser detenidos y deben ser puestos a la orden de las leyes para que enfrenten las consecuencias de sus actos.

Hacer otra cosa, como lo es el amparar este tipo de hechos, no es más que incentivar el caos y la anarquía. A menos que esa sea la verdadera intención de quien los comete y de quien los esconde mediaticamente y ampara con amenazas de intervención, como es el caso de las protestas de la oposición venezolana en contra del gobierno actual y pasado.


Autoridades venezolanas denunciaron que grupos fascistas atacaron una subestación eléctrica en el estado Aragua, en la región central del país





A nadie se le puede olvidar que estas acciones las vienen cometiendo desde el año 1999, fecha en la cual ascendió al poder Hugo Chavez Frías. Apenas comenzando su periodo de gobierno. Desde esa fecha hasta la fecha actual, en Venezuela han dado dos intentos de golpe de estado, varios intentos de magnicidio (el ultimo en el 2018 con Nicolás Maduro), un paro petrolero (donde sabotearon y destruyeron casi en su totalidad a Pdvsa), dos "Guarimbas" (hechos violentos con tomas de calles, cortes de vías, quema de vehículos, asedio de edificios gubernamentales y asedio de funcionarios de estado, persecución de bienes y personas, destrucción de bienes de servicios públicos) y dos grandes sabotajes a la infraestructura que suministra el agua y la luz a todo un país.

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No se puede permitir el uso del derecho a la protesta legitima como pretexto para instaurar la violencia opositora como forma de hacer política en Venezuela y en ningún país.

Ya estas acciones, antes descritas, pasan de ser consideradas como derecho a la protesta y entran en terreno de CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD y como esto deben ser tratados y juzgados. Tanto a los que los cometen (ultra-derecha venezolana), como aquellos que los incentivan, financian y amparan (EEUU, Donald Trump, Europa).

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